Congreso de Puebla buscará reunión con la ASE por contratos del IEE

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del estado, Marcos Castro Martínez, pidió vigilar con más detalle el destino de los recursos públicos tras conocerse un aumento al presupuesto de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Dijo que el órgano debe evitar señalamientos por presuntos gastos excesivos, como la compra de alimentos y otros productos con dinero de la fiscalización, que se atribuyen a su titular, Germán Reyna y Herrero.

Castro Martínez planteó que no basta con autorizar recursos adicionales; también debe haber una revisión constante del ejercicio del gasto para que el dinero responda a las necesidades de cada institución. Añadió que la vigilancia alcanza a cualquier dependencia, incluidos los organismos que revisan el dinero público, y que estos también deben transparentar sus propias erogaciones.

Pedirán reunión con el auditor

Por su parte, el presidente del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, pedirá un encuentro con Germán Reyna y Herrero para hablar de posibles irregularidades en la adjudicación de contratos con firmas de servicios electorales. La petición surge tras darse a conocer contratos otorgados durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García al frente del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Entre los contratos señalados hay uno relacionado con una presunta expareja de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, cuando ella ocupaba ese cargo. Entre las empresas mencionadas figuran Comercializadora JVLY, S.A. de C.V., que habría recibido un contrato por 129.7 millones de pesos durante 2024, Formas Finas, S.A. de C.V., y Corporativo ZEG, S.A. de C.V.

De acuerdo con reportes sobre adjudicaciones de servicios electorales, estas firmas son las señaladas en esos reportes. La idea es que la ASE explique el alcance de sus revisiones y si emitió observaciones sobre esas contrataciones.

Qué sigue

Pavel Gaspar buscará que el auditor detalle qué revisiones se hicieron y si existen observaciones relacionadas con estos procedimientos. La intención es revisar la documentación correspondiente y aclarar los señalamientos sobre el uso de recursos públicos en el organismo electoral.

Hasta ahora, estos señalamientos no constituyen una determinación oficial de irregularidades. Corresponderá a las autoridades fiscalizadoras decidir si hubo fallas en las compras y contrataciones señaladas.