ASF denuncia al gobierno de Nuevo León ante FGR por presunta triangulación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García. El organismo señala presuntos esquemas de simulación de operaciones y triangulación de recursos públicos por miles de millones de pesos. De acuerdo con el registro publicado por la ASF, la denuncia se presentó el 16 de octubre.

Según los hallazgos que la ASF presentó ante la Cámara de Diputados, el dinero pasaba por constructoras, comercializadoras y empresas de servicios antes de llegar a un despacho jurídico relacionado con el gobernador y con su padre, Samuel Orlando García. Los destinos finales estarían vinculados a personas físicas y morales emparentadas con funcionarios estatales.

Operaciones bajo revisión

Entre las operaciones señaladas hay inmuebles por más de mil millones de pesos y transferencias que coincidirían con contratos de infraestructura. Uno de los movimientos corresponde a contratos por 5 mil 851 millones de pesos. Según reportes periodísticos, esas cantidades y fechas coincidirían con las Líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey, adjudicadas en septiembre de 2022 a Mota-Engil.

De acuerdo con los primeros reportes, una empresa que recibió recursos de la constructora habría transferido después 385.3 millones de pesos al despacho jurídico. A esto se suman operaciones inmobiliarias superiores a mil millones de pesos. El informe también menciona una propiedad de ese valor que habría podido comprarse con recursos vinculados a las operaciones observadas.

El titular de la ASF, Aureliano Hernández, afirmó que en Nuevo León y en Sinaloa se identificaron esquemas de triangulación y simulación de operaciones. Según el funcionario, el pago a proveedores estaría relacionado con cuentas de personas morales y físicas con vínculos familiares con servidores públicos. Hernández no reveló los nombres de empresas ni de personas involucradas, para no afectar el debido proceso.

Qué sigue

La ASF puede emitir pliegos de observaciones para que el gobierno estatal justifique el destino de los recursos o reintegre lo que no logre comprobar. Si las irregularidades no se aclaran en los plazos legales, podrían promoverse nuevas acciones ante las autoridades anticorrupción. La indagatoria deberá determinar si las transferencias fueron operaciones legítimas o si se usaron empresas intermediarias para desviar recursos públicos.

Una denuncia penal es el inicio de una investigación y no equivale a una sentencia.