Congreso de Puebla analiza castigo de hasta 15 años por agredir a rescatistas

En el Congreso de Puebla se analiza una iniciativa que propone penas de hasta 15 años de cárcel para quienes lastimen de forma intencional a integrantes de los servicios de emergencia. La propuesta la presentan la diputada local Azucena Rosas Tapia (Morena) y el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina (PT). Ambos legisladores buscan endurecer el castigo contra quienes atacan a quienes atienden situaciones de alto riesgo.

Qué cambiaría en el Código Penal

La iniciativa plantea reformar el artículo 309 del Código Penal del estado para endurecer las sanciones contra quien ataque a paramédicos, bomberos, elementos de Protección Civil y equipos de búsqueda y rescate. La reforma aplicaría únicamente cuando la agresión ocurra por las funciones que desempeñan estas personas. El objetivo, según el texto de la propuesta, es garantizar un marco jurídico que proteja su integridad.

De aprobarse, las penas por lesiones aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea personal de emergencias. La protección sería la misma para quienes trabajan en instituciones públicas y para quienes laboran en corporaciones privadas. Así, el castigo no dependería del tipo de empresa o dependencia en la que preste el servicio.

La iniciativa precisa que la agravante se aplicaría siempre que el agresor conociera o pudiera advertir razonablemente la condición de la víctima. También tomaría en cuenta el contexto en el que se desarrolla el servicio de atención. Con esa condición, se busca evitar que la agravante se aplique a personas que no tenían forma de saber a quién estaban agrediendo.

Penas actuales y casos más graves

Hoy el capítulo de lesiones del Código Penal poblano castiga desde 15 días hasta 10 años de prisión, según la gravedad del daño causado. El escenario más severo se presenta cuando la víctima queda con incapacidad permanente para trabajar, enajenación mental, pérdida de la vista o del habla, pérdida de funciones sexuales o incapacidad para engendrar. En esos supuestos, la pena máxima actual es de 10 años.

Con la reforma, si estas afectaciones graves se cometen contra rescatistas, la pena máxima pasaría de 10 a 15 años. Los promoventes sostienen que el personal de emergencias enfrenta riesgos constantes durante la atención de siniestros. Por ello, consideran necesario que las sanciones reflejen el nivel de peligro al que están expuestos.

Situación de la iniciativa

Hasta el momento, la propuesta se encuentra en análisis y no ha sido aprobada por el Congreso del estado. Quienes atienden emergencias, como paramédicos, bomberos y personal de Protección Civil, seguirán bajo el marco penal vigente mientras el proceso legislativo avance. La discusión continuará en el Congreso local, donde se decidirá si la reforma prospera.