Exjueza que ordenó captura de Lydia Cacho será ponente en foro del Congreso poblano

La exjueza Rosa Celia Pérez González hablará el 10 de noviembre en el Congreso de Puebla, como ponente de un foro dedicado a la iniciativa para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio. Su participación genera cuestionamientos por su actuación en uno de los casos judiciales más polémicos de la entidad.

La diputada del Partido Verde Norma Estela Pimentel Méndez destacó la trayectoria de Pérez González en la abogacía y la participación fue difundida en redes sociales. La iniciativa que se discutirá fue impulsada por diputadas de distintas fuerzas políticas y busca establecer mecanismos de actuación institucional, protección a víctimas y acceso a la justicia.

Antecedentes del caso Lydia Cacho

En diciembre de 2005, cuando era titular del Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, Pérez González libró una orden de aprehensión contra la periodista Lydia Cacho. La denuncia por difamación y calumnias fue presentada por el empresario Kamel Nacif Borge, por la publicación del libro Los Demonios del Edén, en el que Cacho expuso una presunta red de explotación sexual infantil.

Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y trasladada por carretera a Puebla. El trayecto tomó alrededor de 20 horas y, según relató la periodista, durante ese traslado denunció tortura física y psicológica. Después de presentarse ante el juzgado, la jueza le fijó una fianza de 70 mil pesos y el 22 de diciembre de ese año dictó auto de formal prisión.

Qué resolvió la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió una investigación para determinar si hubo violaciones graves a las garantías de la periodista y si intervinieron autoridades de Puebla y Quintana Roo. En enero de 2007, el máximo tribunal consideró insuficiente la primera indagatoria y ordenó continuar las investigaciones. Esa resolución no es una sentencia que atribuya a la exjueza las agresiones denunciadas.

Quince años después de aquellos hechos, el nombre de la exjueza vuelve al Congreso poblano en un encuentro sobre violencia contra las mujeres. El caso reabre la discusión sobre qué perfiles deben ser convocados para hablar de justicia y qué lugar ocupan los antecedentes de quienes participan en estos espacios.