Empresas ligadas a proveedores electorales recibieron 179.1 mdp en Puebla

Empresas ligadas a una red de proveedores de material electoral obtuvieron contratos por 179.1 millones de pesos con organismos electorales de Puebla entre 2014 y 2025. Las cifras forman parte de la investigación federal sobre estas firmas, que también será revisada por posibles irregularidades en su adjudicación.

Revisión de todos los contratos

El coordinador de Gabinete del Gobierno del Estado, José Luis García Parra, pidió revisar cada contrato, sin excepciones, para comprobar cómo se asignaron y si hubo mal uso de dinero público. Además, afirmó que el gobierno de Puebla respaldará las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación haga al Instituto Electoral del Estado (IEE).

De ese total, 49.4 millones de pesos corresponden a 2014-2023 y 129.7 millones a 2024-2025. Dicho de otra forma, cerca de 72 por ciento de lo identificado se concentra en los últimos dos años del periodo.

Contrato de 129.7 millones

Uno de los contratos principales fue adjudicado el 15 de febrero de 2024 por el IEE a Comercializadora JVLY, por 129 millones 700 mil 584 pesos. Ese contrato sirvió para surtir materiales de las elecciones de ese año, cuando se renovaron la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos. La Auditoría Superior del Estado detectó que en el expediente faltaba documentación, entre ella la suficiencia presupuestal.

Empresas señaladas

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno federal, los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas concentrarían adjudicaciones mediante distintas razones sociales. Entre ellas figuran Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Comercializadora JVLY y Corporativo ZEG. Según esa dependencia, estas firmas presuntamente comparten socios, representantes, domicilios y teléfonos, aunque participaron como competidoras independientes en licitaciones.

García Parra también se pronunció sobre Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), señalada por supuestos vínculos con proveedores de material electoral. El funcionario rechazó que haya sido un activo del partido en el poder y recordó que en 2014 fue designada consejera presidenta en Sonora por el Consejo General del INE. Acusó además una campaña de desinformación para relacionarla con ese partido.

Irregularidades en Obra Comunitaria 2025

García Parra informó que hace unos 15 días se reunió con el auditor superior del Estado para revisar la fiscalización del programa Obra Comunitaria 2025. La revisión detectó siete irregularidades entre más de 4 mil acciones, con una inversión cercana a mil 100 millones de pesos. Los casos corresponden a obras que no se realizaron, trabajos mal ejecutados y acciones que ya existían antes de recibir el recurso.

El funcionario indicó que se procederá conforme a la normativa para atender estos señalamientos.