FGE investiga si crimen organizado se infiltró en bloqueos de Puebla
El Gobierno estatal sostiene que grupos ligados al crimen organizado pudieron participar en los cierres de ocho vialidades del pasado martes, mientras la Fiscalía indaga y algunas personas ya fueron identificadas.
Lo que debes saber
- La Fiscalía General del Estado investiga si grupos criminales participaron en los cierres de ocho vialidades de la zona metropolitana.
- El Gobierno estatal aún no presenta una denuncia formal, aunque la Fiscalía ya recibe denuncias anónimas.
- Las indagatorias también revisan las inconformidades en el penal de San Miguel y la operación de los penales.
El Gobierno de Puebla informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si grupos vinculados con el crimen organizado participaron en los bloqueos del pasado martes, que cerraron ocho vialidades de la zona metropolitana de Puebla. De acuerdo con las autoridades, algunas de las personas involucradas ya fueron identificadas.
José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno estatal, explicó que la FGE trabaja en varias líneas de investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de los cierres y si alguien buscó aprovechar las protestas para otros fines. Al respecto afirmó: “Tenemos muy claro que hubo mano negra, que quiso aprovechar para generar inestabilidad”.
Sin denuncia formal
Hasta ahora el Gobierno estatal no ha presentado una denuncia formal. El funcionario precisó que la Fiscalía ya procesa denuncias anónimas y reúne información para establecer posibles responsabilidades penales. públicamente
Las indagatorias también alcanzan las inconformidades en el sistema penitenciario, sobre todo las relacionadas con el penal de San Miguel. Sobre una posible intervención de grupos internos en las protestas, García Parra pidió esperar los resultados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Fiscalía antes de confirmar si hubo infiltración.
Revisión de penales y posible control estatal
En paralelo, el Gobierno estatal revisa las condiciones de operación de los centros penitenciarios para detectar irregularidades y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. García Parra advirtió que no se tolerarán abusos ni anomalías y que las decisiones dependerán de los resultados de esas revisiones.
Otro tema bajo análisis es si el estado podría asumir la operación de penales municipales. El coordinador indicó que primero se evaluarán las implicaciones de esa medida y si existe capacidad institucional para hacerse cargo de estos centros.
Por ahora, la presunta infiltración criminal en los bloqueos y los posibles intereses detrás de las protestas en el sistema penitenciario siguen bajo investigación. El Gobierno estatal todavía no ha presentado una denuncia formal.



