Contraloría del INE mantiene 18 investigaciones por posibles actos de corrupción

El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene 18 investigaciones abiertas por presuntos hechos de corrupción y faltas administrativas en la Ciudad de México. De ese total, cinco ya pasaron a procedimientos de responsabilidad contra cinco funcionarios presuntamente involucrados en faltas graves. Así lo informó el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras durante una comparecencia ante diputados de la Cámara de Diputados.

Carvente Contreras detalló que 13 expedientes siguen en etapa de investigación. Los otros cinco ya tienen citatorios para que los funcionarios implicados acudan a audiencias iniciales.

Qué se investiga

Las conductas bajo revisión incluyen conflictos de interés, ocultamiento de información, anomalías en contrataciones, abuso de funciones y un posible uso indebido de recursos públicos. Ocho expedientes surgieron de hallazgos de auditoría. Además, un expediente principal se desprende en otros cuatro procedimientos vinculados a conflictos de interés.

El contralor afirmó que parte de las irregularidades corresponden a administraciones anteriores. También señaló que varias investigaciones nacieron de revisiones hechas por la propia Contraloría del instituto.

Contratos y proveedores

Carvente Contreras reportó que 96 por ciento de los contratos del instituto presentan elementos de riesgo que deben fiscalizarse, lo que, dijo, muestra el tamaño de las revisiones pendientes en adquisiciones y servicios. En materia de materiales electorales, mencionó a la empresa Bell-Krom, sancionada con inhabilitación y multa por no entregar la totalidad de los chalecos comprometidos en un contrato con el INE.

Las investigaciones se dan en medio de cuestionamientos a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE y de señalamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios y empresas proveedoras. Hasta ahora no hay resoluciones definitivas sobre la responsabilidad de los cinco servidores públicos señalados. Las autoridades deberán seguir las etapas legales para determinar si hubo faltas y qué sanciones proceden.