Morena y Sheinbaum exigen auditoría total al INE tras renuncia de Taddei

Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum exigen una investigación a fondo por presuntas irregularidades y corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y en los organismos públicos locales electorales (OPLE) desde 1999. La petición llega después de la renuncia de Guadalupe Taddei, quien presidía el INE. Las demandas incluyen revisar contratos millonarios en la compra de materiales electorales.

Morena también pide determinar responsabilidades administrativas y penales, así como aclarar qué papel jugaron funcionarios y proveedores en esas contrataciones. Sheinbaum acusó a Taddei de traicionar la confianza del pueblo de México y reiteró que hace falta una auditoría total del INE y de los OPLE.

Los hechos previos

El 23 de octubre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió de oficio una investigación sobre el INE por presuntas irregularidades y triangulación de recursos en contrataciones. El 26 de octubre, Sheinbaum respaldó la renuncia de Taddei. Dos días después, el 28 de octubre, Morena se deslindó de las presuntas irregularidades atribuidas a Taddei.

Morena recordó que el nombramiento inicial de Taddei fue aprobado por el Consejo General del INE en 2014. El partido sostuvo que las irregularidades no comenzaron con ella y pidió que se esclarezcan todas las responsabilidades, sin importar nombres ni relaciones personales.

Empresas y contratos señalados

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE identificó cinco empresas vinculadas entre sí: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. De acuerdo con el órgano, obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 y habrían simulado competencia para elevar precios.

Entre los antecedentes citados por Morena aparece un contrato de 2015 para arrendar vehículos con la empresa Jet Van, por cerca de mil millones de pesos, cuestionado por la Contraloría del INE. El OIC revisó 106 contrataciones y 53 licitaciones públicas, y detectó posibles conflictos de interés, como funcionarios que participaron en contrataciones de empresas en las que eran socios o directivos.

Lo que revisa la ASF

La ASF revisa operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en dos grupos empresariales entre 2014 y 2026. De ese total, 3 mil 790 millones corresponden a organismos electorales locales. Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que se analizan posibles simulaciones, sobreprecios y conflictos de interés, y que se enviaron 32 oficios a gobiernos estatales.

En cuanto a sanciones, el OIC mantiene abiertos 18 procedimientos administrativos relacionados con las contrataciones. Será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el que determine las sanciones correspondientes.