San Andrés Cholula: niegan amparo a pueblos originarios por consulta urbana
Los pueblos aseguran que la negativa del amparo no cierra el conflicto, pues las mesas sobre protección territorial siguen bajo seguimiento judicial y temen decisiones unilaterales del Cabildo.
Lo que debes saber
- El Juzgado Quinto de Distrito negó el amparo a pueblos originarios de San Andrés Cholula.
- El protocolo de consulta, firmado en 2020, fue dejado sin efecto por el Cabildo en agosto de 2025.
- Las mesas de trabajo sobre protección territorial siguen bajo seguimiento judicial, según los denunciantes.
Integrantes de comunidades originarias de San Andrés Cholula denunciaron un fallo del Juzgado Quinto de Distrito que les niega el amparo. Lo promovieron contra el acuerdo del Cabildo para dejar sin efecto el Protocolo de Consulta Indígena, el mecanismo con el que buscaban participar en la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
Rechazo y protesta
Los inconformes calificaron la resolución como un «albazo» judicial y cuestionaron que las autoridades municipales puedan desconocer un instrumento de participación ligado al derecho de los pueblos a decidir sobre sus territorios. En un pronunciamiento difundido este martes afirmaron: «La facultad de consulta es de los pueblos, es parte de su libre determinación, no del gobierno».
La inconformidad también se expresó con una protesta frente a Ciudad Judicial, donde representantes comunitarios exigieron respeto a sus derechos de consulta y a su participación en la planeación territorial del municipio.
Antecedentes del conflicto
El protocolo fue firmado el 18 de marzo de 2020 por representantes comunitarios y autoridades municipales, para fijar cómo participarían los pueblos en decisiones de movilidad, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Con el paso de los años surgieron desacuerdos sobre cómo se incorporaban sus propuestas a los proyectos municipales.
El conflicto se agravó el 19 de agosto de 2025, cuando el Cabildo aprobó dejar sin efecto el protocolo y avanzar en el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Los pueblos promovieron recursos judiciales al considerar que la decisión desconocía acuerdos previos. Según los denunciantes, durante 2026 también hubo incumplimientos en los compromisos para revisar las estrategias territoriales que ellos propusieron.
El 28 de julio, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó convocar de nuevo a las partes, luego de considerar insuficiente una reunión realizada cinco días antes. Entre los pendientes estaba la participación de especialistas universitarios para examinar las propuestas comunitarias. En este proceso han participado equipos académicos de la BUAP, la UDLAP y la Universidad Iberoamericana Puebla.
Qué sigue
Los representantes informaron que el próximo 3 de noviembre se expondrán ante la comuna y ante las propias comunidades los dictámenes universitarios sobre las Estrategias de Protección Territorial. Estas estrategias buscan establecer criterios para proteger el territorio e incorporarlo al proyecto municipal de desarrollo urbano.
Los denunciantes sostienen que el alcance de la negativa deberá precisarse con el texto de la sentencia, que aún no se conoce. Hasta ahora no hay una explicación de la comuna sobre los efectos de la resolución. Advirtieron que vigilarán el cumplimiento de los acuerdos y de las órdenes judiciales.
