Tribunal inhabilita 15 años a Eduardo Rivera; Morena niega persecución

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado resolvió inhabilitar por 15 años a Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla capital por el PAN, y le impuso una multa de 15 millones de pesos. La resolución se dio a conocer el miércoles 4 de noviembre de 2026, en el arranque del proceso electoral 2026-2027. El procedimiento le atribuye un presunto abuso de funciones durante su administración municipal.

Rivera Pérez confirmó que recibió la notificación y defendió su gestión, al asegurar que las decisiones tomadas durante su gobierno se realizaron conforme a la legalidad. Sostuvo que en el expediente no existe acreditación de una falta administrativa atribuible directamente a su persona y rechazó que se le señale por mal manejo de recursos públicos. Calificó la determinación como injusta y no definitiva, y anunció que presentará recursos ante las instancias competentes. También cuestionó que se haya conocido en pleno inicio del proceso electoral y la relacionó con otras acciones emprendidas previamente.

Morena descarta persecución

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Pável Gaspar Ramírez, rechazó que su partido tenga “miedo” de enfrentar a Rivera Pérez como candidato a la alcaldía de Puebla capital en 2027. Afirmó que las revisiones de las cuentas públicas forman parte de la fiscalización y no deben verse como acciones contra una fuerza política. Defendió el trabajo de la Auditoría del Estado y del Tribunal de Justicia Administrativa, y dijo que los procedimientos aplican a todos los servidores públicos sin importar sus siglas. “Nadie por encima de la ley. La Auditoría del Estado está haciendo su trabajo”, expresó.

Gaspar Ramírez recordó que la resolución es impugnable y que el exalcalde tiene a su disposición mecanismos para presentar pruebas y argumentos contra las observaciones que derivaron en la sanción. Minimizó las acusaciones de Rivera Pérez sobre un supuesto uso de las instituciones como “garrote político”.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Marcos Castro Martínez, advirtió un posible intento de frenar a Rivera Pérez como candidato a la alcaldía de Puebla capital. Explicó que la sanción, aunque no es definitiva, afecta la imagen política del exalcalde. Pidió respetar el Estado de Derecho y dijo que habló con Rivera Pérez y con los diputados de su bancada para dar seguimiento al procedimiento. Advirtió que los procedimientos administrativos no deben convertirse en un “garrote político” y consideró peligroso que las instituciones se usen para presionar a quienes podrían ser una opción electoral.

PVEM y PRI cuestionan el momento

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime Natale Uranga, acusó que Rivera Pérez intenta presentarse como víctima para obtener ventaja política. Señaló que los señalamientos corresponden a uno de los tres años en que Rivera estuvo al frente del Ayuntamiento de Puebla capital y que el exalcalde debe aclarar las observaciones a sus cuentas públicas. Aseguró que no ha recibido quejas de alcaldes o representantes del PVEM que consideren estar siendo perseguidos por las auditorías. “Echar culpas es lo más fácil, pero hay que dar la cara y ver qué es lo que pasa”, expresó.

La líder del PRI, Xitlalic Ceja, consideró sospechoso que este tipo de procedimientos contra un político de oposición se den a conocer en el inicio del proceso electoral. “Es sospechoso que están sacando todos estos temas cuando inicia el proceso electoral, eso es lo que deja más dudas que claridad”, afirmó. Para la dirigente, la forma en que se dio a conocer el caso genera más dudas que certezas sobre su legalidad.

Hasta ahora, la resolución no es definitiva y el caso sigue abierto. Rivera Pérez dijo que presentará los recursos correspondientes, y los legisladores de Morena y del PAN coinciden en que el procedimiento debe seguir su curso legal. El debate sobre el momento de la difusión del caso continúa en el arranque del proceso electoral rumbo a 2027.