PRI y PAN acusan garrote político en inhabilitación de Lalo Rivera en Puebla
El PRI y el PAN cuestionan que el procedimiento contra el exalcalde Eduardo Rivera se haya dado a conocer al inicio del proceso electoral local, mientras Morena niega persecución política.
Lo que debes saber
- El procedimiento busca inhabilitar por 15 años a Eduardo “Lalo” Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, para ocupar cargos públicos.
- PRI y PAN acusan un garrote político y piden que las revisiones de cuentas no se usen contra opositores.
- Pavel Gaspar, de Morena, niega persecución y afirma que la ASE y el Tribunal siguen sus tiempos legales.
La dirigente estatal del PRI, Xitlalic Ceja García, y el coordinador de la bancada del PAN, Marcos Castro Martínez, defendieron al exalcalde de Puebla Eduardo “Lalo” Rivera Pérez ante un procedimiento de inhabilitación por 15 años para ocupar cargos públicos. Ambos partidos señalaron que el proceso podría ser un garrote político contra la oposición.
Cuestionan el momento del procedimiento
Ceja García, quien también es diputada federal, pidió al gobierno que no use prácticas de cacería de brujas contra opositores y que la justicia se aplique de forma pareja para todos. Cuestionó que el procedimiento se diera a conocer al arranque del proceso electoral local, y dijo que no son los tiempos legales para difundir este tipo de procedimientos cuando se avecinan elecciones.
La dirigente priista añadió que el exalcalde debe apelar la decisión y pidió confiar en la buena fe de las instituciones durante el proceso. Su postura fue que el PRI se suma al llamado para que el caso no sea utilizado en la competencia por el voto.
Por su parte, Castro Martínez pidió respetar la presunción de inocencia de Rivera y llamó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y al Tribunal de Justicia Administrativa a cuidar los procesos internos. Propuso que las revisiones de cuentas públicas no se usen contra exalcaldes ni contra funcionarios en funciones, sobre todo ahora que inicia el proceso electoral.
Morena niega persecución
El presidente del Congreso, Pavel Gaspar Ramírez, de Morena, descartó que exista persecución política contra opositores. Aseguró que la ASE y el Tribunal de Justicia Administrativa siguen sus tiempos legales y fechas establecidas con anterioridad, y que sus procesos están apegados a la ley.
El legislador morenista indicó que el Congreso estará atento a las resoluciones que emita el tribunal sobre las revisiones de cuentas públicas. Hasta ahora, en las declaraciones no se precisaron las fechas de los plazos que mencionó.
La inhabilitación se relaciona con observaciones a la cuenta pública de 2022 de Rivera como alcalde de Puebla. El caso sigue en revisión, y la decisión final corresponde al Tribunal de Justicia Administrativa, que deberá resolver el expediente conforme a los plazos establecidos.
