Puebla: acusan a Fiscalía de frenar denuncia por Ley Olimpia contra adolescente
La defensa de la víctima denuncia que la Unidad de Justicia para Adolescentes rechazó pruebas clave y apunta a un posible conflicto de interés.
Lo que debes saber
- La defensa acusa a la Unidad de Justicia para Adolescentes de rechazar pruebas clave en un caso de Ley Olimpia.
- Se rechazaron un dictamen en informática forense, uno en victimología y la entrevista de una testigo adolescente.
- La defensa advierte un posible conflicto de interés, sin confirmación documental, y exige una aclaración pública.
La asesoría jurídica de una adolescente acusa a la Unidad Especializada de Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla de obstaculizar su denuncia por violación a la intimidad sexual, conocida como Ley Olimpia. Según las abogadas, el Ministerio Público resolvió "no a lugar" diligencias básicas para esclarecer el caso.
La carpeta de investigación es FGEP/CDI/FEDH/ADOLESCENTES-1/000171/2026 y la causa penal es 68/2026/JEJA. La denuncia pública se hizo el 25 de octubre de 2026.
Pruebas rechazadas
Las abogadas explicaron que el 2 de octubre el agente ministerial rechazó tres peticiones presentadas desde el 21 de septiembre, dentro de la etapa de investigación complementaria. Se trata de un dictamen pericial en informática forense para rastrear el material difundido, un dictamen en victimología para valorar el riesgo de la víctima y la entrevista de una testigo adolescente.
La testigo fue quien avisó a la víctima que su video circulaba en redes sociales, y según la defensa conoce el momento, la forma, la cuenta y la plataforma de origen del contenido. La defensa señala que la joven no puede recabar esa declaración por su cuenta, porque al ser menor se requiere acompañamiento de especialistas en psicología infantil, apoyo que sólo puede articular el Ministerio Público.
Argumentos de la autoridad
Para descartar el testimonio, la autoridad ministerial sostuvo que la entrevista "no generaría un impacto positivo dentro de la teoría del caso", y asumió que la testigo sólo había informado a familiares de la víctima. Sobre el dictamen en victimología, la Fiscalía argumentó que practicarlo implicaría revictimizar a la denunciante.
La asesoría legal responde que ese análisis se pidió con base en constancias, dictámenes médicos y valoraciones psicológicas que ya están en el expediente, justamente para evitar nuevos interrogatorios. Añade que negarlo deja a la joven en indefensión frente a su derecho a la reparación integral del daño y a la revisión de sus medidas de protección, lo que, según la defensa, contraviene la Constitución federal y la Ley General de Víctimas.
Posible conflicto de interés
La defensa denunció haber recibido información extraoficial sobre un presunto lazo de parentesco entre el adolescente imputado y la licenciada Angélica Gómez Tello, a quien identifican como mano derecha de la Fiscal General. Aclara que ese vínculo no está confirmado documentalmente, pero advierte que, de comprobarse, sería un conflicto de interés que explicaría las trabas para reunir pruebas.
La defensa exige que la institución aclare públicamente si existe esa relación y garantice que ningún funcionario con intereses personales intervenga en el proceso penal. Son señalamientos de la defensa de la víctima que todavía no están probados.
