Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor de familias desplazadas en Chenalhó, Chiapas
Dos hombres en motocicleta le dispararon en la comunidad de Yabteclum; era representante de 63 familias tzotziles desplazadas desde 2022 y ya había denunciado amenazas.
Lo que debes saber
- Reynaldo Pérez Pérez fue asesinado a balazos en la comunidad de Yabteclum, Chenalhó, Chiapas.
- Era representante de 63 familias tzotziles desplazadas por grupos armados desde junio de 2022.
- La Fiscalía General del Estado de Chiapas investiga el caso por homicidio calificado.
Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos y representante de familias tzotziles desplazadas por paramilitares, fue asesinado a balazos en Chenalhó, Chiapas. El ataque ocurrió la tarde del miércoles en la comunidad de Yabteclum, cuando dos hombres que viajaban en una motocicleta lo interceptaron y le dispararon al menos siete veces. Después huyeron con rumbo desconocido.
Policías estatales y municipales acordonaron el lugar mientras llegaban peritos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Los agentes también montaron un operativo de búsqueda en las carreteras cercanas para intentar localizar a los responsables,.
Familias desplazadas desde 2022
Pérez era el principal representante de 63 familias que salieron de la localidad de Santa Martha en junio de 2022, cuando grupos armados las expulsaron. Encabezaba mesas de diálogo con las autoridades para pedir que regresaran con seguridad y gestionaba alimentos, refugio y atención médica para las personas que permanecen en la zona de Polhó.
De acuerdo con lo señalado, la violencia se intensificó después de la expulsión de otras 130 personas y de la desaparición de cinco pobladores. Además, el activista participaba en procesos de conciliación.
Amenazas previas y alerta de la ONU
Pérez había denunciado amenazas de muerte y actos de hostigamiento por su labor humanitaria. Entre los antecedentes se mencionan también un intento de desaparición y ataques armados. La ONU alertó sobre los riesgos que enfrentaba y dirigió esa advertencia al Gobierno de México poco más de un año antes del crimen.
Organizaciones civiles condenaron el asesinato y lo calificaron como un nuevo golpe contra las comunidades indígenas del sur del país. Las familias desplazadas continúan en condiciones de extrema vulnerabilidad, mientras la Fiscalía estatal avanza en las investigaciones. El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en Los Altos de Chiapas.
