Madre denuncia cuatro años sin judicializar caso de abuso sexual infantil en Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) lleva cuatro años sin judicializar una carpeta de investigación por presunto abuso sexual contra una niña que tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos. Según la madre de la menor, existen peritajes psicológicos, dictámenes periciales y entrevistas lúdicas que documentan las afectaciones sufridas por la niña.

Convivencias pese a medidas de protección

Sarahi Ortega Morales, madre de la víctima, explicó que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil ordenó que la niña pase los fines de semana con su padre, señalado como presunto responsable del abuso. Según relató, esa determinación se emitió aunque la agente del Ministerio Público Gloria Báez León había solicitado medidas para impedir que el señalado se acerque a la menor. La jueza Blanca Alicia Lugo Pérez es quien estableció el régimen de convivencia.

Qué dice la orden de protección

De acuerdo con el documento de la carpeta, la niña, representada por su madre, "puede encontrarse en riesgo de ser agredida" por el investigado. Las medidas tendrían vigencia indefinida o hasta que cese el riesgo para la menor. Ortega Morales sostiene que, pese a ese texto, la convivencia sigue programada.

Sin avances en la judicialización

La madre indicó que el Ministerio Público sólo le ha dicho que todavía no es posible llevar la carpeta ante los tribunales. Añadió que tuvieron que pasar tres audiencias para que su hija obtuviera las medidas de protección. Hasta ahora, dijo, no tiene certeza de cuándo se presentará el caso ante un juez.

El temor de la madre

Ortega Morales relató que la niña le ha preguntado cómo puede dejarla con su padre, después de lo que le hizo. Ella explica que el señalado es su expareja, con quien tuvo a la menor en unión libre, y que teme que su solvencia económica influya en el avance del caso. Señaló además que este fin de semana deberá llevar a la niña al Centro de Convivencia Familiar (Cecofam), donde, según su dicho, el personal ha permitido que el señalado amenace a la menor.

"Yo tengo medidas; si no cumplo con llevarla con él, con el temor de que le vaya a hacer algo, me pueden arrestar", expresó la madre. Para su caso ha pedido la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla y de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, con perspectiva de género.

Respuesta de las autoridades

Hasta el momento no se conoce una respuesta pública de la FGE sobre el retraso en la judicialización. Tampoco se han dado a conocer explicaciones del juzgado sobre la convivencia ordenada. Los señalamientos corresponden a la versión de la madre y están pendientes de confirmación por parte de las instancias involucradas.