Legisladores piden a la CNA sancionar red de contratos electorales en el INE
Parlamentarios del oficialismo y la oposición piden investigar a cinco empresas que, según el OIC del INE, habrían acaparado contratos de material electoral entre 2014 y 2025.
Lo que debes saber
- Legisladores piden a la CNA investigar y sancionar a cinco empresas ligadas a los hermanos Hernández Casillas.
- Según el OIC del INE, habrían obtenido 106 contratos por 2 mil 461 millones de pesos desde 2014.
- Piden revisar qué funcionarios permitieron las irregularidades y qué controles fallaron durante más de diez años.
Legisladores del oficialismo y de la oposición pidieron a la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) investigar y sancionar una presunta red de colusión empresarial que, según se señala, operó durante una década en el Instituto Nacional Electoral (INE). La petición surgió después de que el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, diera a conocer el caso.
Cinco empresas y el 77% del mercado
De acuerdo con lo que expuso Carvente Contreras, cinco empresas vinculadas entre sí y ligadas a los hermanos Hernández Casillas habrían concentrado, de forma irregular, el 77% del mercado de materiales electorales. Ese mercado abastece al propio INE y a 20 organismos públicos electorales locales.
Entre 2014 y 2025, esas compañías presuntamente simularon competencia para quedarse con 106 contratos por un monto de 2 mil 461 millones de pesos. Las irregularidades se describen como prácticas de «coyotaje».
Qué piden los legisladores
Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado, y Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, coincidieron en que los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) configuran delitos graves. Consideraron que deben aplicarse las facultades más estrictas de la CNA contra las empresas señaladas.
Según lo expuesto por los legisladores, esas facultades permiten multas de hasta 15% de los ingresos de las empresas, inhabilitaciones de hasta cinco años y querellas penales ante la Fiscalía General de la República (FGR). También recordaron que la reforma que creó la CNA le dio más herramientas para castigar a infractores, incluidos directivos y funcionarios coludidos.
Funcionarios y controles en duda
Los parlamentarios pidieron revisar qué funcionarios permitieron estas irregularidades y qué controles fallaron durante más de una década. Su planteamiento es que la investigación aclare cómo operó la red y cómo se evitó el desvío de recursos públicos.
La petición está dirigida a la CNA, que deberá decidir si abre la investigación y qué sanciones aplica. Los señalamientos provienen de hallazgos del OIC del INE y de la ASF.
