ASF detecta contratos irregulares por 8 mil 870 millones con entidades públicas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que dos grupos empresariales, identificados como GC y GHC, acumularon contratos y operaciones por 8 mil 870 millones de pesos con entidades públicas, sobre todo electorales, entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790 millones de pesos corresponden a organismos electorales locales y 430 millones al Instituto Nacional Electoral (INE).

Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la ASF, presentó estos datos ante la Cámara de Diputados durante la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025. Explicó que la auditoría abrió de oficio una investigación por irregularidades relacionadas con el INE, al detectar vínculos entre estos grupos, funcionarios y personas servidoras públicas.

Facturas irregulares y subcontratación

De acuerdo con la revisión, proveedores de una empresa analizada trabajaron con compañías de timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por operar como factureras, por un monto de 21.3 millones de pesos. Otra de las empresas está suspendida del padrón de proveedores. También se identificaron operaciones entre sociedades de un mismo grupo, en las que la empresa ganadora subcontrata a otra que participa en las licitaciones.

Los registros laborales también son bajos o nulos. Hay empresas que facturan cientos de millones de pesos y tienen menos de cinco trabajadores, y en algunos casos ninguno. La ASF revisa además si existen barreras que generan competencia desleal para asegurar la adjudicación de contratos.

Contratos con organismos electorales en los estados

Según los datos presentados, en Veracruz los contratos con estas empresas suman 484.4 millones de pesos, en Oaxaca 370.3 millones y en Coahuila 306.3 millones. Puebla aparece con 286.6 millones, seguido de Nuevo León con 253.9 millones y Baja California con 223.3 millones. En total, 20 organismos públicos locales electorales (OPLE) han tenido contratos con estas firmas.

Víctor Hugo Carvente Contreras, contralor del INE, dijo que en los últimos 15 años 77 por ciento del monto de contratos en los OPLE fue para un grupo de empresas que concentra 2 mil 461 millones de pesos. Mencionó a Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Añadió que 13 personas, entre accionistas y apoderados legales, se repiten en tres o cuatro de las cinco empresas.

Qué sigue

Hernández Palacios anunció un estudio para rastrear el origen de estas conductas desde los primeros años en que las empresas comenzaron a contratar con organismos electorales. Dijo que el objetivo es combatir la corrupción que afecta los recursos destinados a estas funciones. Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y, hasta el momento, no se informan sanciones contra las empresas ni contra los funcionarios vinculados.