SCJN propone invalidar reforma de regidurías en la capital de Puebla

El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó un proyecto de sentencia que plantea invalidar la reforma con la que el Congreso de Puebla cambió el reparto de regidurías en la capital. La reforma, aprobada el 24 de julio, quedaría sin efecto si el pleno del máximo tribunal la respalda.

Qué cambió el Congreso

La reforma fijaba que en la capital hubiera 11 regidurías de mayoría relativa y hasta cuatro de representación proporcional. Con ese ajuste, el Legislativo local adecuó la Constitución de Puebla a la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca dejar en 15 el número de regidurías en el país. El proyecto impugna el artículo 18, fracción I, del Código Electoral local y los artículos 46 y 47, fracción I, de la Ley Orgánica Municipal.

El argumento del proyecto

De acuerdo con el ministro ponente, el Congreso poblano se excedió en sus facultades al romper el equilibrio de representación. Si se cuentan la presidencia municipal y la sindicatura, la mayoría obtendría 13 espacios y las minorías sólo cuatro, lo que, a su juicio, vulnera el pluralismo. Por ello propone que el Congreso ajuste el reparto a 10 regidurías de mayoría relativa, equivalentes al 69.57%, y cinco de representación proporcional, 30.43%.

Mario Riestra Piña, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), celebró el proyecto. Afirmó que su partido fue el único que impugnó la reforma, al considerar que reducía de forma injustificada la representación de las minorías en el Ayuntamiento. Recordó que desde la tribuna del Congreso ya se había advertido que el cambio representaba un retroceso para la pluralidad democrática.

Qué sigue

La impugnación fue promovida por el PAN con la acción de inconstitucionalidad 109/2026, y el proyecto se votará en el pleno de la SCJN en la sesión del 5 de noviembre. Si se aprueba, el Congreso local deberá corregir el vicio una vez concluido el proceso electoral y definir nuevos porcentajes que hagan operativos ambos principios de representación. Por ahora se trata de un proyecto, y la resolución definitiva corresponde al pleno de la Corte.