INE suma 69 notificaciones por presunto monopolio en compras de material electoral

La Comisión Nacional Antimonopolio ha enviado al menos 69 notificaciones a empresas de los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas por presuntas prácticas monopólicas absolutas en la contratación de material y documentación electoral. El aviso más reciente tiene fecha del 22 de octubre. Las cifras incluyen también las notificaciones que emitió la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Los oficios se dirigieron a representantes de Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, y Diseño, Reconstrucción y Comunicación. Todas estas firmas están ligadas a los empresarios y tienen contratos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y con los organismos públicos locales electorales (Oples). El nombre de Raymundo Francisco Hernández aparece en al menos seis de los avisos.

Una investigación iniciada en 2022

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la indagatoria arrancó el 7 de julio de 2022, con el expediente IO-003-2021, cuando Lorenzo Córdova era consejero presidente del INE. Por las fechas de los oficios, el seguimiento abarca desde esa gestión hasta la de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei. Desde el inicio, la Cofece señaló que tuvo conocimiento de hechos que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas en los términos del artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Lo que pide la autoridad

En el oficio del 22 de octubre, dirigido a las empresas de la red de los hermanos Hernández, la autoridad les pide que manifiesten lo que a su derecho convenga sobre diligencias probatorias adicionales. Esas diligencias se ordenarán para su desahogo, pero el documento no detalla en qué etapa se encuentra la indagatoria.

Señalamientos del órgano interno de control del INE

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del órgano interno de control del INE, informó a la Cámara de Diputados que a esta red de empresas se les atribuyen presuntas prácticas como simular competencia entre proveedores en licitaciones de material electoral y controlar los precios de esos productos. Entre las irregularidades detectadas mencionó cambios en el objeto social de algunas firmas días antes de una licitación, deficiencias en las investigaciones de mercado para asignar contratos y colusión para inflar artificialmente los precios.

Carvente también señaló que el mercado electoral va más allá del INE. Junto con los Oples, la red de empresas acumuló contratos por 2 mil 461 millones de pesos. Estas acusaciones forman parte de señalamientos de la autoridad y deberán comprobarse en el procedimiento correspondiente.

Qué sigue

El caso permanece en el procedimiento de la autoridad antimonopolio. Las empresas tienen la oportunidad de responder a los oficios, mientras la autoridad define las diligencias pendientes. Mientras tanto, los señalamientos se mantienen en la etapa de investigación.