Familiares denuncian presuntas extorsiones en el penal de San Miguel, Puebla

El gobierno de Puebla alista el traslado, en los próximos días, de internos considerados de alta peligrosidad del penal de San Miguel. De acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta Mier, los movimientos se concentrarían en quienes han sido señalados por amenazas y extorsiones dentro del reclusorio. Aún no se ha precisado la fecha exacta de los traslados.

Familiares denuncian cobros y objetos prohibidos

Familiares de personas privadas de la libertad denunciaron presuntos cobros de extorsión y el ingreso de teléfonos celulares y bebidas alcohólicas al centro penitenciario. Se manifestaron afuera del penal para exigir el traslado de tres internos a quienes acusan de extorsión, así como la destitución del director del centro. Las denuncias aún no han sido comprobadas por las autoridades.

La Federación, sólo con solicitud formal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció la intervención del Gobierno federal para atender las denuncias. Según explicó, el Gabinete de Seguridad ya mantiene contacto con las autoridades locales, pero los operativos de fuerzas federales dentro del penal sólo procederán si el gobierno de Alejandro Armenta Mier hace una solicitud formal. Hasta ahora no se informó si esa solicitud ya fue presentada.

El gobernador reconoció el respaldo de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, que realizan recorridos y visitas periódicas de supervisión en los centros penitenciarios. Según dijo, estas corporaciones mantienen coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Mesa de trabajo y espera de resultados

Armenta Mier afirmó que existe coordinación con la Federación y que su administración está abierta a escuchar las inconformidades de los familiares. Ya se instaló una mesa de trabajo para revisar sus peticiones. Indicó que el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, y el titular de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, siguen de cerca los señalamientos y buscarán conciliar las diferencias dentro del marco legal.

Sobre la destitución del director y del subdirector del penal, el gobernador dijo que las denuncias serán investigadas y que su gobierno esperará los resultados de la mesa antes de tomar una determinación. Pidió respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Mientras tanto, los familiares mantienen su exigencia y no hay una fecha para una respuesta sobre los mandos del penal.

Lo que aún no se aclara

No se informó cuántos internos serían trasladados ni a qué centros. Tampoco se precisó cómo se verificarán las denuncias de celulares y alcohol dentro del penal. Las autoridades anuncian traslados y mesas de trabajo, pero los familiares siguen señalando problemas que, según sus denuncias, ocurren dentro del reclusorio.