Contratos irregulares del INE podrían salpicar al gobernador de Sonora
Anabel Hernández y María Idalia Gómez señalaron en un espacio de análisis que el caso podría alcanzar a personas cercanas al mandatario sonorense e interesar a Estados Unidos.
Lo que debes saber
- Periodistas advierten que el caso de contratos del INE podría alcanzar a personas cercanas al gobernador de Sonora.
- Los beneficiarios de los contratos aún no están identificados; los señalamientos son versiones no confirmadas.
- Estados Unidos podría interesarse en el caso si se comprueban vínculos con redes criminales.
Las periodistas Anabel Hernández y María Idalia Gómez señalaron que el escándalo por presuntos contratos irregulares del Instituto Nacional Electoral (INE) podría alcanzar a personas cercanas al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Lo dijeron durante una mesa de análisis en un programa de noticias, donde expusieron posibles conexiones entre empresas contratistas, funcionarios y estructuras vinculadas con el crimen organizado.
Quiénes están en el centro del caso
Hernández indicó que todavía falta identificar quiénes recibieron beneficios económicos de los contratos relacionados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y con la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Según versiones que mencionó, algunos beneficiarios podrían tener vínculos con hijos del gobernador, y uno de ellos estaría investigado en Estados Unidos por presuntos nexos empresariales con una red de huachicol. Hasta ahora, estos señalamientos no se han comprobado.
De acuerdo con Hernández, las filtraciones sobre la relación entre Taddei y el empresario podrían formar parte de una disputa política que buscaría debilitar a la exconsejera y al gobernador. La periodista también advirtió que las presuntas irregularidades en la producción y destino de las boletas electorales podrían afectar la confianza en los procesos de 2024 y 2025.
Interés desde el extranjero
Por su parte, María Idalia Gómez explicó que las posibles conexiones entre corrupción y delincuencia organizada podrían despertar el interés de autoridades estadounidenses. Según su análisis, Estados Unidos vigila a individuos y compañías de varias naciones por sus nexos con grupos criminales, por lo que el expediente mexicano podría cobrar peso internacional si se demuestran lazos entre contratistas, redes corruptas y organizaciones delictivas.
Hasta el momento no se ha identificado con certeza a los beneficiarios de los contratos, y las acusaciones son planteamientos hechos en un espacio de análisis, no resoluciones de autoridad. Lo que sigue es saber si las investigaciones en México o en el extranjero aportan pruebas sobre los señalados.
