Red ligada al clan Taddei recibió más de mil millones en contratos en 13 estados

Empresas ligadas a Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), recibieron contratos por más de mil millones de pesos en al menos 13 estados desde 2014. Según una investigación periodística, en varios de esos concursos empresas del mismo grupo se presentaron como competidoras, lo que presuntamente simuló una competencia que no existía.

La investigación identificó a cinco funcionarios con vínculos personales, profesionales o institucionales con Taddei, que ocupaban cargos en organismos electorales cuando se otorgaron algunos de los contratos. Las operaciones se documentaron en Sonora, Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Quintana Roo, y se hallaron procedimientos con características parecidas en otros ocho estados.

Montos y casos por estado

Los montos más altos reportados son 113.7 millones de pesos en Veracruz, 57.3 millones en el Estado de México y 34.7 millones en Quintana Roo. La cifra de más de mil millones corresponde al total de contrataciones desde 2014, no a una cantidad declarada como desvío de recursos.

En Sonora, la investigación señala a Nery Ruiz Arvizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora), quien mantiene una relación profesional con Taddei desde 2014, cuando ella encabezaba ese organismo. La empresa Comercializadora JVLY dejó de recibir contratos del instituto en 2019, pero otras firmas mencionadas siguieron participando; una de ellas, Cajas Graf, obtuvo en 2025 un contrato por 29 millones 996 mil pesos para material de la elección judicial. El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que la Fiscalía estatal no había recibido denuncias sobre estas irregularidades.

Oaxaca y Quintana Roo

En Oaxaca, la investigación identifica dos contrataciones otorgadas a Corporativo Zeg durante la gestión de Iliana Araceli Hernández Gómez como secretaria ejecutiva del organismo electoral local. Después, Taddei la designó directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE; de acuerdo con la investigación, Hernández Gómez presentó su renuncia el 27 de octubre, a petición de las diez consejerías que permanecieron en el instituto.

En Quintana Roo, en 2022, bajo la presidencia de Mayra San Román Carrillo Medina en el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), se otorgó el contrato IEQROO/LPN/07/2022 por 29 millones 802 mil pesos. En 2025, durante la presidencia de Rubí Pacheco Pérez, se adjudicó a Litho Formas el contrato IEQROO/LPN/16/2025 por 34 millones 798 mil pesos. En ese concurso también participaron Cajas Graf, Gráficas Corona y Formas Finas y Materiales, empresas que la investigación vincula con el grupo de los hermanos Hernández Casillas.

Lo que falta por demostrar

En el Estado de México, la investigación señala un contrato por 57 millones 325 mil pesos para las elecciones de gubernatura de 2023, adjudicado a una propuesta conjunta de empresas, entre ellas Gráficas Corona. Algunos procedimientos tienen revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero todavía no hay una resolución definitiva que acredite las irregularidades denunciadas. Para comprobar una coordinación entre oferentes, habría que revisar los vínculos empresariales, las propuestas, las decisiones de los comités de adquisición y los posibles acuerdos entre participantes.

La existencia de los contratos y de esas relaciones, por sí sola, no demuestra actos de corrupción ni responsabilidades individuales. Los hallazgos sí generan dudas sobre el uso de recursos públicos destinados a organizar elecciones, y abren la discusión sobre cómo se eligen los proveedores de materiales electorales, quién supervisa esas compras y qué mecanismos existen para detectar conflictos de interés.