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Miércoles 11 de noviembre de 2026 · San Martín Texmelucan, Puebla

Separan a funcionaria estatal por presunto despojo de casa en Huauchinango

La funcionaria Helga Mariana Ramírez Toris fue separada de su cargo mientras la Fiscalía General del Estado y la Secretaría Anticorrupción investigan la denuncia de una adulta mayor, según informó el gobernador.

· 1 min de lectura
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Foto: La Jornada de Oriente

Lo que debes saber

  • Helga Mariana Ramírez Toris fue separada de su cargo por presunto despojo de una vivienda en Huauchinango.
  • La denuncia la presenta una adulta mayor, que sería su abuela, quien acusa abuso de autoridad.
  • La Fiscalía General del Estado y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investigan el caso.

La funcionaria estatal Helga Mariana Ramírez Toris fue separada de su cargo tras ser señalada de presuntamente quedarse con una vivienda de una adulta mayor en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla. El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investigan a la servidora pública.

Lo que se denuncia

De acuerdo con los primeros reportes, la adulta mayor sería abuela de la funcionaria y acusa que hubo abuso de autoridad para quitarle la casa. Algunos señalan que Ramírez Toris trabajaba en el Registro Público de la Propiedad, mientras que otros la ubican al frente del Registro Civil; hasta el momento no se precisa cuál era su área exacta.

Imagen de referencia del caso en Huauchinango, Puebla
Foto: La Jornada de Oriente

La respuesta del gobierno estatal

Durante su conferencia de prensa, Armenta Mier dijo que su administración no solapará conductas irregulares y que se actuará con todo el peso de la ley, respetando los derechos de las personas. Al referirse al caso, afirmó: "A mí me da pena tener que visibilizar un problema que entra entre una nieta y una abuelita". También reconoció que los conflictos familiares que involucran el patrimonio de adultos mayores son complejos.

El gobernador sostuvo que las instituciones vigilarán que ningún servidor público vulnere el debido proceso. Dijo que las investigaciones avanzarán conforme a derecho para deslindar responsabilidades, pero no dio a conocer plazos ni informó sobre la situación de la casa en disputa.

Hasta ahora se trata de un señalamiento en investigación, sin resolución de las autoridades. El caso pone a prueba la capacidad del gobierno para atender con rapidez las denuncias contra su propio personal, sobre todo cuando involucran a personas adultas mayores que alegan despojo de su patrimonio.