Hermanos Hernández Casillas recibieron 179.1 millones en contratos en Puebla
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló el desglose de empresas ligadas a los hermanos en la mañanera federal, entre 2014 y 2025.
Lo que debes saber
- Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG y Comercializadora JVLY suman 179.1 millones de pesos en Puebla.
- La UIF inmovilizó cuentas de la red tras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación.
- Las autoridades deberán determinar si hubo irregularidades administrativas o delitos, y quiénes serían responsables.
José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, proveedores electorales presuntamente vinculados con Guadalupe Taddei Zavala, recibieron contratos por 179.1 millones de pesos en Puebla entre 2014 y 2025. Lo presentó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, desde Palacio Nacional, durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. La funcionaria expuso el desglose como parte de una investigación federal sobre posibles irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales estatales.
En el caso de Puebla, Formas Finas y Materiales obtuvo 48.9 millones de pesos entre 2014 y 2023. Corporativo ZEG recibió 500 mil pesos y Comercializadora JVLY, 129.7 millones en 2024 y 2025. Con esas cifras, el monto acumulado en la entidad llega a 179.1 millones de pesos.
Contratos en el país
Según la presentación, las empresas ligadas a los hermanos alcanzaron contratos electorales por 2 mil 94 millones de pesos a nivel nacional entre 2014 y 2023. Para 2024 y 2025 se identificaron otros 646.3 millones de pesos, repartidos entre 15 organismos electorales locales. Entre las empresas mencionadas figuran también Cajas Graf y Seriplast de México. Buenrostro explicó que los hermanos comenzaron su trayectoria en la administración pública y después se volvieron proveedores electorales.
De acuerdo con la investigación, las compañías habrían recurrido a prácticas para ganar contratos, como participar en licitaciones con ofertas acordadas de antemano, usar empresas sin capacidad operativa propia y apoyarse en intermediarios. También se habrían dispersado recursos con distintas razones sociales, lo que dificultaría saber quién recibía finalmente el dinero.
En Puebla, Comercializadora JVLY ya había estado en polémica por los contratos de materiales electorales de 2024 con el Instituto Electoral del Estado (IEE), cuando Blanca Yassahara Cruz García era presidenta de ese organismo. Ella sostuvo que la contratación fue legal y rechazó que la empresa tuviera vínculos con José Alfredo Hernández Casillas.
Qué sigue en la investigación
La Unidad de Inteligencia Financiera inmovilizó cuentas de la red investigada tras denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. Las investigaciones deberán establecer si las prácticas señaladas constituyen irregularidades administrativas o delitos, y determinar las responsabilidades de los involucrados. Por ahora, los señalamientos corresponden a la presentación federal y deberán ser confirmados por las instancias correspondientes.
