PAN pide no dar por hecha la inhabilitación de Eduardo Rivera en Puebla
Marcos Castro Martínez pidió respetar la presunción de inocencia del exalcalde y cuidar que los procesos de la Auditoría Superior del Estado no se usen como arma política.
Lo que debes saber
- Marcos Castro Martínez pide no dar por hecha la inhabilitación de Eduardo Rivera Pérez.
- El procedimiento por un presunto daño patrimonial de 42.9 millones de pesos sigue en curso.
- Castro advierte que las cuentas públicas no deben usarse como arma política en el proceso electoral.
Marcos Castro Martínez, coordinador de la bancada del PAN, pidió no dar por hecha la inhabilitación del exalcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez mientras el procedimiento administrativo en su contra sigue en curso. Según dijo, debe respetarse la presunción de inocencia del exalcalde, y aseguró que Rivera Pérez solventará las observaciones hechas a su cuenta pública 2022.
La revisión de esas cuentas corresponde a la Auditoría Superior del Estado (ASE), que fiscaliza el uso de los recursos públicos de los ayuntamientos. Cuando detecta observaciones, el caso puede pasar al Tribunal de Justicia Administrativa, que determina si procede una sanción.
Pide cuidar la información del proceso
Castro Martínez pidió a la ASE y al tribunal que cuiden que no se filtre información antes de notificar una posible sanción a los sujetos obligados a revisión. También pidió que cada etapa se observe con claridad, para que el proceso se maneje con cuidado y de forma transparente.
Advirtió que estos procesos no deben usarse como arma política, sobre todo ahora que inicia el proceso electoral. Castro señaló que esta preocupación aplica al caso de Rivera Pérez, al de otros exalcaldes y también a quienes hoy están en funciones.
Además, exigió que las cuentas públicas no sirvan para frenar las aspiraciones de ciertos perfiles políticos ni para favorecer al gobierno en turno. Con ello, el tema de las auditorías entra de lleno al debate político rumbo a la próxima contienda.
Qué puede pasar con el exalcalde
Rivera Pérez enfrenta un procedimiento que podría terminar con 15 años de inhabilitación para desempeñar empleos en el sector público, además del pago de una multa económica. La posible sanción se relaciona con un presunto daño patrimonial de 42.9 millones de pesos, derivado de observaciones a su cuenta pública 2022.
Hasta ahora, el procedimiento sigue en curso y no existe una resolución definitiva que confirme la sanción. Por ello, Castro pidió no adelantar conclusiones mientras se desahogan las etapas del caso, que se mantiene en el centro de la discusión política local.



