Presidenta pide que empresas de presunta red de corrupción no participen en el INE

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que las empresas ligadas a una presunta red de corrupción en la proveeduría del Instituto Nacional Electoral (INE) no participen en nuevos procesos de contratación. Lo planteó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el 12 de noviembre de 2026, después de las revelaciones sobre la exconsejera presidenta del INE Guadalupe Taddei y sus presuntos vínculos con proveedores del instituto.

Al respecto, la presidenta afirmó que el grupo de empresas “constituyeron una mafia dentro de las instituciones electorales”, y recordó que ya lo había denunciado desde 1999. Dijo que, por lo demostrado, esas firmas ya no deberían participar en los siguientes procesos.

Origen de la red

De acuerdo con lo publicado, los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron desde los años ochenta en dependencias federales. José Alfredo fue secretario particular del director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaría de Gobernación, y Raymundo laboró en el área de recursos financieros y materiales. Después crearon empresas como Cartonera Plástica, constituida en 1988, y Formas Finas Fernando Fernández, en 1992.

En 2005, Cartonera Plástica obtuvo un contrato de 63.7 millones de pesos con el Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral. Las denuncias de irregularidades y presuntos sobornos en ese caso terminaron con la renuncia de los siete consejeros electorales.

Contratos con órganos electorales locales

Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales designados por el Consejo General del INE asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a los hermanos. Según lo señalado, esto ocurrió ante omisiones de supervisión y lineamientos claros de contratación.

Los montos de contratos entre 2014 y 2023 destacan en Veracruz, con 570.4 millones de pesos, Nuevo León, con 314.2 millones, e Hidalgo, con 203.6 millones. También se mencionan contratos con órganos electorales locales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo y Zacatecas. Entre los picos financieros citados figuran 2018, con 321.8 millones; 2021, con 908.0 millones, y 2024, con 582.4 millones.

Señalamientos y denuncias

De acuerdo con lo señalado, la red habría simulado competencia en licitaciones públicas. Empresas vinculadas presentaban propuestas con precios simulados para que una firma preseleccionada resultara ganadora. Hay denuncias contra varias de estas firmas en la Fiscalía General de la República (FGR).

Las personas y empresas señaladas no han sido condenadas, y por ahora se trata de señalamientos y denuncias. La información disponible no detalla cómo se aplicaría la exclusión que pidió la presidenta en los próximos procesos de contratación del INE.