Investigan infiltración del crimen en protestas por penal de San Miguel, Puebla

Familiares de personas internas en el penal de San Miguel, en Puebla, bloquearon el 10 de noviembre ocho puntos de la capital del estado y de su zona metropolitana. El Gobierno estatal anunció que investigará la presunta infiltración de grupos criminales en esas protestas.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del Gobierno del estado de Puebla, informó que la Fiscalía General del Estado ya recibió denuncias anónimas relacionadas con los bloqueos. En entrevista, afirmó que las autoridades tienen conocimiento de una posible participación de grupos delictivos en las movilizaciones.

El funcionario sostuvo que se respeta la libre manifestación, pero que el gobierno no permitirá que organizaciones criminales se metan en ese tipo de expresiones. Añadió que el Gobierno estatal analiza presentar una denuncia adicional ante la Fiscalía, mientras continúan las indagatorias para saber quiénes estuvieron detrás de las movilizaciones.

Denuncias de extorsión dentro del penal

Entre sus exigencias, los familiares pidieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, y la intervención de las autoridades para frenar presuntas extorsiones, agresiones y cobros ilegales contra los internos. Según sus testimonios, algunas personas privadas de la libertad tendrían que pagar para evitar golpes, salir de ciertas áreas o acceder a servicios básicos.

Las familias también denunciaron la presunta circulación de objetos y sustancias prohibidas dentro del reclusorio.

Video de la zona W y traslado de dos internos

Sobre el video difundido por la activista Saskia Niño de Rivera, que muestra la zona W del penal, García Parra explicó que las imágenes fueron grabadas el año pasado. Aun así, dijo que se hará una inspección a fondo de todas las áreas del centro para garantizar espacios dignos y una operación adecuada.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla confirmó el traslado de dos personas privadas de la libertad a otros centros penitenciarios, señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas dentro del reclusorio. Las autoridades explicaron que la decisión se tomó con base en el historial de cada una, su perfil criminológico, su conducta dentro del penal y el nivel de riesgo que representan.

La revisión del penal y las investigaciones sobre las denuncias de los familiares siguen en curso, de acuerdo con lo que informó el gobierno estatal.