Denuncian cobros de hasta 300 mil pesos a internos del penal de San Miguel en Puebla

Familiares de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la capital de Puebla, denuncian cobros ilegales, amenazas y golpizas dentro del penal. Hablan de pagos de hasta 300 mil pesos y de cuotas semanales para evitar agresiones. Las denuncias mantienen bajo cuestionamiento al sistema penitenciario estatal.

De acuerdo con los reportes de los familiares, en el reclusorio también se venden drogas y celulares, y quienes se niegan a pagar reciben agresiones. Hay cobros para salir de celdas de castigo y amenazas contra parientes de los reclusos. Otros penales del estado tienen alertas por autogobierno, sobrepoblación y violaciones a derechos humanos, pero el señalamiento más grave se concentra en San Miguel.

Denuncias desde noviembre de 2025

Las protestas no son nuevas. Desde noviembre de 2025, familiares han bloqueado vialidades para exigir la intervención de las autoridades. El 14 de noviembre de ese año, alrededor de 50 personas bloquearon el Camino al Batán y denunciaron que algunos internos pagaban hasta ocho mil pesos semanales para no ser golpeados.

En esa movilización señalaron a Rubén y Miguel Primitivo Hernández, conocidos como Los Primitivos, y a Marcos Pavón, alias El Nenuco, como presuntos responsables de controlar actividades ilícitas dentro del reclusorio. Son acusaciones hechas por familiares y no representan, por sí mismas, responsabilidades penales acreditadas. Durante 2026, según los mismos reclamos, las cuotas llegaron a tres mil pesos semanales, con cobros para abandonar áreas de castigo y pagos por el acceso al agua y a productos de higiene.

Movilizaciones del 10 y 11 de noviembre

La situación escaló los días 10 y 11 de noviembre, cuando familiares realizaron movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de Puebla y la zona metropolitana. Los inconformes hablaron de exigencias de entre 20 mil y 300 mil pesos, cuotas de 50 mil a 60 mil pesos para permitir que algunos internos bajaran al patio, y pagos de siete mil a ocho mil pesos para ocupar una celda. Dijeron que estas exigencias venían acompañadas de amenazas de agresiones contra sus parientes.

Los familiares pidieron la destitución del director del penal, Jorge Ortiz Delgadillo, porque consideran que las medidas tomadas hasta ahora no han frenado las presuntas extorsiones.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) confirmó la dimensión de las inconformidades. Su presidenta, Rosa Isela Sánchez Soya, informó el 11 de noviembre que el organismo acumulaba 32 quejas por presuntas extorsiones y cobros ilegales en San Miguel durante 2026. De esos expedientes, 18 contaban con medidas cautelares para proteger la vida e integridad de personas privadas de la libertad.

A estos señalamientos se sumó la activista Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta, quien en redes sociales denunció presuntas condiciones inhumanas en la zona W del penal, donde algunos internos permanecerían sin luz natural. También señaló supuestos cobros de entre 30 mil y 100 mil pesos para evitar agresiones y advirtió sobre el presunto control de espacios por grupos de internos.

Otros penales con alertas

En el Penal de San Pedro Cholula, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó condiciones de autogobierno o cogobierno en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025. El centro tiene capacidad para 159 personas y alberga a 434 internos. Ese diagnóstico, sin embargo, no acredita una red de extorsión comparable con la de San Miguel.

En Tepexi de Rodríguez, las alertas surgieron en marzo de 2026, cuando internos difundieron videos para denunciar presuntos malos tratos y carencias de productos de higiene. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que inició una investigación interna y realizó cambios en la dirección del centro. En el Penal Femenil de Ciudad Serdán hay numerosas inconformidades ante la CDH, aunque no hay información pública suficiente para saber cuántas corresponden a extorsiones.

Entre enero y junio de 2026, la CDH recibió 210 quejas contra centros penitenciarios de Puebla. De ellas, 95 corresponden a San Miguel, poco más de 45 por ciento del total. Ciudad Serdán registró 36 expedientes, Tepexi de Rodríguez 33 y San Pedro Cholula 21. Estos registros no son exclusivamente por extorsión, pero muestran qué establecimientos acumulan más denuncias por presuntas violaciones a derechos humanos.

El Diagnóstico Nacional de la CNDH dio a Puebla una calificación de 5.10 en una escala de cero a diez, y señaló problemas de sobrepoblación, insuficiencia de personal de custodia y autogobierno. Evaluó 16 centros con una población de siete mil 210 personas privadas de la libertad. Acatlán de Osorio, con 3.42 puntos, y Huejotzingo, con 3.84, tuvieron las calificaciones más bajas. San Miguel obtuvo 5.31 puntos y no presentó sobrepoblación según su capacidad instalada, pero las denuncias por extorsión y las quejas de familiares lo colocan entre los focos de atención de las autoridades.