Sheinbaum condiciona apoyo federal al penal de San Miguel a solicitud formal de Puebla
La presidenta dijo que la Federación puede colaborar en la seguridad del Cereso de San Miguel, pero sólo si el gobierno poblano presenta una petición formal tras denuncias de extorsiones.
Lo que debes saber
- Sheinbaum dijo que la Federación puede apoyar, pero sólo con solicitud formal del gobierno de Puebla.
- El penal de San Miguel está bajo responsabilidad de la administración estatal.
- Familiares denuncian presuntos cobros ilegales, extorsiones y entrada de artículos prohibidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las autoridades federales están dispuestas a colaborar para atender los problemas de seguridad denunciados en el penal de San Miguel, en Puebla. Sin embargo, condicionó cualquier intervención a que el gobierno estatal presente una solicitud formal. Lo dijo durante su conferencia matutina.
Según explicó, el centro penitenciario se encuentra bajo responsabilidad de la administración poblana. Por ello, cualquier participación de corporaciones federales tendría que realizarse en coordinación con las autoridades locales.
Denuncias de familiares
Las declaraciones llegan después de que familiares de internos denunciaran presuntos cobros ilegales y extorsiones dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel. Entre los señalamientos también se mencionó el ingreso de artículos prohibidos al penal.
Los hechos denunciados aún no han sido verificados por autoridad alguna, por lo que se trata de señalamientos de quienes tienen parientes recluidos. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el número de casos ni sobre las personas que estarían involucradas.
Qué sigue
Sheinbaum indicó que el Gabinete de Seguridad ya mantiene comunicación con el gobierno de Puebla para conocer la situación del reclusorio. Con esa información se determinará si el penal necesita respaldo de la Federación.
La presidenta precisó que la solicitud del gobierno estatal será necesaria para concretar cualquier apoyo federal. Hasta ahora no se ha informado si esa petición ya fue presentada ni en qué plazo podría darse una intervención.
El caso deja en evidencia que la definición de responsabilidades entre el nivel federal y el estatal aún está pendiente. Mientras tanto, las denuncias de extorsión y de ingreso de objetos prohibidos exigen que las autoridades informen qué medidas han tomado dentro del penal para revisarlas.



