Detienen en Los Ángeles a exfuncionario de Sonora acusado de peculado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la detención de Juan Alán N., de 30 años, exfuncionario del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Se le acusa de presunto peculado por más de 65 millones de pesos y de presunto enriquecimiento ilícito por cerca de 120 millones. La captura ocurrió en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó el miércoles 11 de noviembre que el detenido fue capturado un día antes, con apoyo de autoridades estadounidenses. Hasta ahora, ninguna sentencia condenatoria se ha dictado contra él.

Lo que se le atribuye

De acuerdo con las investigaciones, entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025, cuando trabajaba como auxiliar administrativo del CECOP, el exfuncionario presuntamente realizó 234 transferencias electrónicas por 65 millones 626 mil 697 pesos. Por el segundo caso, de enriquecimiento ilícito, se le atribuyen aproximadamente 120 millones de pesos.

El exservidor tenía dos órdenes de aprehensión vigentes y una ficha roja de búsqueda internacional. La Agencia Ministerial de Investigación Criminal detectó que podía estar con familiares en Los Ángeles y compartió esa información con Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Agentes de esa dependencia lo detuvieron cuando iba a su trabajo, en la remodelación de departamentos para personal retirado.

Proceso de entrega

El detenido permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. Mientras tanto, la Fiscalía de Sonora realiza los trámites para su entrega a México, pero no hay fecha para el traslado, porque depende de procedimientos legales en Estados Unidos.

La esposa del exfuncionario, Andrea Fernanda N., también está relacionada con las investigaciones por enriquecimiento ilícito. Fue detenida en septiembre de 2025, vinculada a proceso y permanece recluida en un centro penitenciario de Sonora.

Ambos enfrentan procesos judiciales por los hechos que les atribuyen las autoridades. Hasta el momento no existe sentencia condenatoria en ninguno de los dos casos, por lo que los señalamientos deberán probarse en los juicios.