EU acusa a red que habría filtrado datos de seguridad de México a cárteles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló la existencia de una presunta red de corrupción en México que habría entregado información confidencial de seguridad a organizaciones del narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con una acusación federal presentada el 10 de noviembre de 2026, sus integrantes mantenían contacto con personas que tenían acceso a datos sensibles de instituciones de seguridad de México y Estados Unidos.

Los datos incluían detalles de operativos policiales, detenciones, decomisos de drogas, órdenes de aprehensión y cargos penales. Las autoridades estadounidenses sostienen que esa información servía para anticipar movimientos de las corporaciones y evitar investigaciones.

Los señalados

Roberto Gómez, de 51 años, conocido también como “Rob Flores”, “Fat Boy” y “Fats”, es señalado por los fiscales de haber tenido relación con personas con acceso a información reservada, para pasarla a integrantes de la organización encabezada por Ryan James Wedding, exdeportista olímpico canadiense acusado de dirigir una red internacional de tráfico de drogas. Gómez enfrenta una acusación federal de seis cargos por delitos de narcotráfico y protección de una organización criminal.

Édgar Aarón Vázquez Alvarado, de 42 años, alias “El General” o “Mini”, es identificado por las autoridades estadounidenses como fundador y dirigente del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones principalmente en la Ciudad de México. Según la acusación, entregaba a integrantes de la red contraseñas que cambiaban casi a diario, para que quienes transportaban cocaína se identificaran ante policías y militares en retenes y pasaran sin ser detenidos. Las autoridades estadounidenses informaron que murió la semana pasada tras recibir disparos de policías mexicanos.

Sobornos y el caso del juez

La acusación también sostiene que Vázquez Alvarado habría pagado a funcionarios públicos mexicanos para retrasar investigaciones, hacer desaparecer o alterar pruebas y lograr que se retiraran cargos contra integrantes de la organización. Estas imputaciones son presuntas y no han sido probadas ante un tribunal.

El caso se relaciona con el juez federal Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia el 1 de noviembre. La justicia estadounidense lo acusa de recibir un soborno de dos millones de dólares para ordenar la liberación de Andrew Clark, señalado como segundo al mando de la organización de Wedding. Según el Departamento de Justicia, Clark fue liberado en febrero de 2025, detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos.

La investigación se desarrolla con la participación del FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Policía Montada de Canadá. El Departamento de Justicia precisó que se trata de señalamientos judiciales y que las personas imputadas conservan la presunción de inocencia mientras no se demuestre su responsabilidad ante un tribunal.